Nuevo parche para la educación

Por Nélida Baigorria
Para LA NACION

La ley federal de educación sancionada en 1993, cuyo fracaso absoluto se vaticinó durante su gestación, por ende antes de que entrara en vigor, informan que será reemplazada. El oficialismo denomina a su anteproyecto "ley nacional de educación" en cuya elaboración trabaja el mismo elenco político-técnico que durante trece años batió palmas por el supuesto éxito pedagógico de la ley federal, celebró "sus deslumbrantes innovaciones educativas", la "excelencia de nuevos establecimientos creados con moderna infraestructura"; la "provisión de material didáctico de vanguardia" y "planteles docentes jerarquizados profesional y económicamente merced a una gestión educativa de primerísimo nivel". No obstante la evidencia del colapso que ellos mismos suscitaron descarnando la falsedad de sus fantasías, se abstienen de aceptarla y justifican el cambio aduciendo que "el nuevo modelo de país" requiere una nueva ley que satisfaga sus objetivos.

La estrategia, planeada para encubrir las responsabilidades políticas y éticas del derrumbe final, consiste en utilizar todos los recursos y las tácticas demagógicas para persuadir a la opinión pública de que ese nuevo instrumento legal no será sólo un trabajo legislativo acordado en el Congreso Nacional, sino también un aporte de una compulsa popular y, por lo tanto, "participativa", de todos los estratos sociales, acerca de qué educación se desea que consagre la ley, la cual gozará, en consecuencia, de un consenso unánime, plataforma ineludible para el éxito de un proyecto que, por su envergadura y solvencia en tiempos no distantes, nos homologará con Finlandia en la evaluación académica mundial.

Sin embargo, esos conocidos estrategos, especialistas en el manejo de embaucamientos, yerran. Podrán quizá seducir a quienes, despiadadamente, durante casi dos décadas, sometieron a la infamia del analfabetismo; pero, en cambio, serán estériles sus argumentos frente a los que saben procesar con su razón los dictados de la experiencia. El desfile de ese elenco por los medios de difusión -orales o gráficos-, personajes algunos de ellos de infausta memoria por su protagonismo en la expulsión de brillantes profesores universitarios -en la década del 70- por la irreparable "traición" de haber dictado clases en universidades norteamericanas o ganar la beca Guggenheim, tras la cual, sin embargo, corrieron luego desde el exterior, sin ningún escrúpulo ideológico, exhibiéndola hoy en su currículum como supremo galardón a sus méritos; esos personajes que se presentan con rango de "pedagogos" ante la admiración de ciertos periodistas desinformados, incautos o comprometidos no podrán ocultar con artilugios lingüísticos que esta ley nacional será la misma ley federal emparchada, como se dijo alguna vez, digna de un capítulo de Il Gattopardo : cambiar las formas, pero mantener intangibles las esencias

En efecto, el borrador del anteproyecto ejecutado con una celeridad tan inusitada que induce a suspicacia en cuanto a un trabajo previo y la consulta a la opinión pública (que incluyó a letrados y legos) con preguntas de humillante infantilismo por su cerril obviedad, dentro de un esquema casi de multiple choice del cual fueron excluidos, deliberadamente, los aspectos doctrinarios de la ley, revela que el cambio es sólo una ficción que exigen los apremios políticos pero que el principio de subsidiariedad del Estado en materia educativa, introducido por el sector privado en la ley federal, quedará confirmado y hasta ampliado en la ley sustituta, que lo preserva en contra de preceptos constitucionales que obligan taxativamente al Estado la fijación de la política educativa. El corpus del anteproyecto parecería ser la estructura, como si se tratara del eje transformador del sistema.

¿Por qué no explica el sociólogo Filmus, sin lenguaje anfibológico, la omisión en la encuesta de las atribuciones y controles que deberían regir para el ejercicio de la enseñanza privada? ¿Por qué en los comentarios laudatorios sobre el anteproyecto emitidos por algunos representantes de los intereses de esa corporación educativa silencian las conquistas que logran en el nuevo texto el cual compendia, en el título IV, los artículos doctrinarios de la ley federal?

El rumbo hacia la afirmación de la subsidiariedad del Estado se vigoriza con nuevas concesiones, pues además de evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional, formular planes y programas de estudio podrán aprobar el proyecto educativo-institucional de acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo (art. 67 inc. a). Este artículo se complementa con el capítulo V, denominado La institución educativa , en cuyo art. 129, al indicar que "la institución educativa es la unidad pedagógica del sistema", consuma el viejo anhelo del sector privado de subdividirlo hasta su mínima expresión, de manera tal que cada escuela tenga potestad absoluta para manejarse con autonomía pedagógica, criterio éste sostenido también en seminarios de instituciones empresariales como FIEL e IDEA.

¿A qué se circunscribe el gran objetivo de la unidad nacional, si a veinticuatro sistemas educativos, que han disgregado las jurisdicciones y le han restado la fuerza cohesiva que exige la formación nacional en el marco del Estado democrático, se le anexan proyectos institucionales según el ideario de cada escuela privada que existe en el país? Hace casi medio siglo, septiembre de 1958, una ley del Congreso abandonó la tradición histórica de la escuela común y, en nombre de una supuesta libertad de enseñar y aprender que ya tenía plena vigencia en la República, se abrió el cauce, con avances progresivos hacia la aplicación del principio de subsidiariedad del Estado el cual debe cumplir sólo una función supletoria en aquellos lugares que no susciten el interés de la empresa privada. La España franquista vivió el sistema, por tal razón, el rey Juan Carlos I, con motivo de sancionarse la ley orgánica del derecho a la educación, el 3 de julio de 1985 dijo: "Por la insuficiencia de su desarrollo económico y los avatares de su desarrollo político, en diversas épocas. el Estado hizo dejación de su responsabilidad en ese ámbito, abandonándola en manos de particulares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio de subsidiariedad. Así, hasta tiempos recientes, la educación fue más privilegio de pocos que derecho de todos". Nadie podrá argüir que las palabras del Rey tengan inspiración marxista.

El borrador del anteproyecto es, pues, un parche que encubre las esencias de la ley federal subyacente y agravada por un injerto de adoctrinamiento ideológico-político, cuyo propósito palmario es formar a la niñez y la juventud con un conocimiento parcial del proceso histórico que en siete largas décadas dilapidó nuestra riqueza material y agotó en muchos argentinos las reservas cívico-morales que nos venían del mandato de Mayo, con estallidos de violencia que ensangrentaron la República. En las disposiciones generales -capítulo 11 art. 95- se lee: "Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: inc. c). El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre el proceso histórico y político iniciado el 24 de marzo de 1976, que quebró el orden constitucional e instauró el terrorismo de Estado con el objeto de generar en los alumnos reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en concordancia con lo dispuesto por la ley 25633".

Incluir en una ley de educación contenidos curriculares y, dentro de ellos, el episodio histórico vivido en el país a partir del 24 de marzo de 1976, olvidando en la trastienda las gravísimas causas que lo originaron, y fragmentando el proceso histórico que se inicia el 6 de septiembre de 1930 con el primer golpe militar y la quiebra del orden constitucional, es simple y llanamente llevar a las aulas el adoctrinamiento político-partidista y la catequesis ideológica para la reivindicación de un período tenebroso de nuestra historia nacional. Nadie desconoce que la niñez y la juventud son etapas de la existencia oportuna para la forja de grandes ideales redentores, tierra fértil donde la siembra arraiga y se explicita en consignas que son banderas: "El Duce tiene siempre razón", del fascismo italiano; el " Heil Hitler" del nazismo; el "Arriba, España" del falangismo franquista, y en nuestra patria aquel siniestro "Perón o muerte", "Luche y vuelve", de la subversión montonera, y con esas proclamas el cumplimiento de la trágica sentencia de Hobbes: "El hombre, lobo del hombre".

¿Conoce el ministro Filmus qué sostenía el gran historiador francés Marc Bloch acerca del estudio del pasado y su imprescindible conocimiento para comprender el presente? ¿Leyó alguna vez a Eric Hobsbawm, el mejor historiador inglés del siglo XX, quien explica, con irrefutable certeza, que "estamos enraizados en el pasado"? ¿Alcanzó a escuchar una clase o conferencia de nuestro brillante José Luis Romero, cuando con el mito de Teseo y el Minotauro y el hilo conductor de Ariadna, que salva al héroe, demostraba, con esa bella metáfora, la fatal continuidad del proceso histórico?

Una ley nacional de educación no se sanciona para que tenga vigencia durante el gobierno de una determinada divisa política; una ley de educación como fue la 1420 duró casi un siglo porque fue concebida de acuerdo con los preceptos de la Constitución Nacional y con una claridad conceptual admirable con respecto a la formación del hombre libre y el ciudadano responsable. Esto fundamenta el porqué del repudio total al inc. c del art. 95, al introducir en la ley contenidos curriculares que, a la par de una aberración legislativa, involucra fragmentar la historia, romper la concatenación causa-efecto, lo cual entraña el avieso propósito de formar generaciones adscriptas a una filosofía política ajena a las bases fundacionales sobre las que se erigió la Argentina de la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz y el respeto por el pluralismo ideológico.

"El nuevo modelo de país requiere una nueva ley de educación", proclaman los panegiristas de la "nueva política"; de acuerdo con lo establecido, responderá a los cartabones de una parcialidad política y la escuela -como ya conoció el país en el primer peronismo y en las dictaduras militares- se transformará en un laboratorio para la manipulación genética del ideario de Mayo.

El Congreso de la Nación, depositario de la soberanía popular, será responsable ante la historia de las posiciones que fije en el instante de la votación final; si por acaso el pronunciamiento resultara afirmativo, muchos argentinos, en defensa de nuestros gloriosos orígenes democráticos, seguiremos, infatigablemente, en el ejercicio de la docencia cívica a la cual consagramos nuestra vocación política, y en homenaje al ilustre presidente Arturo Illia, eterno peregrino por los caminos de la patria, le diremos a la juventud, como él lo predicaba cuando la violencia criminal ensangrentaba nuestro suelo: "Para los radicales, la única revolución es la Constitución". Ampliando su pensamiento, proclamaremos: "Para los demócratas, la única revolución es la Constitución".

Ese es el único "modelo" al que aspiramos los argentinos, compatible con las palabras simbólicas de la generación del 37, cuando Esteban Echeverría, desafiando las acechanzas de la Mazorca, marcó el rumbo que nos condujo a la soñada Organización Nacional: Mayo-Progreso-Democracia.